Hace más de un año escribí un artículo sobre una potencial transición en Venezuela con una serie de medidas que llevaría al establecimiento de una sociedad democrática.

Las bases políticas de esta transición descansaban en una situación social y económica realmente crítica. La presión internacional liderada por los EEUU y acompañada por la Unión Europea y el Grupo de Lima parecían presentar un curso auspicioso para que el gobierno fuera llevado a una posición de un salida negociada. Las sanciones de EEUU, principalmente presiones al inicio, parecían poder amedrentar a los jerarcas del gobierno y potencialmente rangos medios de la administración civil y militar. Las conversaciones intermediadas por Noruega, apoyadas por todos los países que propiciaban el cambio debieron acogerse por el gobierno interino a solicitud de todos estos grupos. En este contexto de cierto optimismo fue que propuse un esquema con 13 pasos, incluyendo un rápida enmienda constitucional que permitiría una transición aceptable para todas partes.

Hoy en día, en las postrimerías del año 2020, la situación es distinta. Las presiones internacionales sobre el régimen disminuyeron sensiblemente porque el foco de la atención mundial está muy centrado en la terrible pandemia que azota a la humanidad. Las negociaciones, intermediadas por Noruega, y apoyadas por todos los países amigos, sirvieron una vez más para que el gobierno dilatara cualquier concesión sobre unas elecciones más o menos libres.

En paralelo el régimen pudo «rebanar» parte de la bancada del sector democrático mediante desembolsos importantes de fondos y prebendas  individuos proclives a ser sobornados. Se profundizaron las persecuciones de dirigentes democráticos que llevaron a muchos legisladores ilegalmente  prisión y muchos otros al exilio. La llegada de la pandemia del Covid-19 ofreció una excusa para que el régimen aplicara un control social extremo. El triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales de EEUU añade un elemento de incertidumbre a las luchas democráticas porque se presume que su posición frente al régimen de menos dura que la que practicó Donald Trump.

En este nuevo panorama de fines de 2020, ¿qué posibilidades se perciben para finalmente alcanzar la democracia en nuestro país?

La profundización de la crisis social y económica en un factor que sin duda trae inestabilidad al gobierno. Aunque tratan de flexibilizar la parte económica para adoptar una especie de  modelo chino de dictadura con libre mercado, no han avanzado en este sentido por incapacidad y por desconfianza de potenciales inversionistas a la seriedad de que se respeten las reglas. Las sanciones continúan afectando el desempeño de la economía ya que afectan a la industria petrolera, que es aún un soporte (aunque maltrecho) para lo que queda de  la economía venezolana.

Se especula que Joe Biden buscaría una política de cierta flexibilidad en la cual se podrían negociar las sanciones al país a cambio de concesiones para una hoja de ruta democrática. Esta ruta no sería tan inmediata como buscaba Donald Trump pero por ello podría ser más aceptable a elementos proclives a negociar dentro del régimen.

El levantamiento gradual de las prohibiciones a la comercialización de crudos y productos de hidrocarburos y algún tipo de flexibilidad para los personeros de régimen no envueltos en delitos graves y luego de su salida del poder podría ofrecerla la nueva administración de EEUU si hay un cese a la represión, liberación de todos los detenidos por causas políticas. Se establecería una ruta con garantías e hitos de cumplimiento a una consulta presidencial en forma de referendo revocatorio con garantías y observación internacional verdadera.

Constitucionalmente el referendo debería celebrarse en un futuro cercano e incluso un acuerdo político podría adelantarlo ya que la carta magna es bastante imprecisa al respecto (como en muchos más aspectos que han sido aprovechados por el régimen).

Al igual que lo plantee en mi artículo anterior el gobierno se compromete a nombrar un vicepresidente aceptable para todos, incluyendo a las fuerzas democráticas. Con un resultado esperado en el referendo el resto del mandato puede dar cabida a la reforma constitucional que ordene todo lo referente a los periodos de las autoridades electas (presidente, gobernadores, alcaldes, concejales y diputados) para que sean de 4 años y se impida o se permita la reelección pero solo por un periodo. Y programar las elecciones escalonadas con un año de diferencia en fechas fijas y tomas de posesión determinadas. Todo con precisión, sin discrecionalidad y establecido en la Constitución.

@gamorillo

Autor: Gilberto Morillo
Ir a la Fuente original del artículo para seguir leyendo

Benito Zambrano

Editor Jefe de Extra Venezuela