Juan Navarrete, representante en Colombia del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, considera que las instituciones del Estado están haciendo una acción cosmética para mostrar que si están investigando; pero reitera que solo hacen esto por la presión internacional y no cuando se debe, que es cuando ocurren los hechos de violación de derechos humanos

La sistematización de las violaciones a los derechos humanos (DDHH) que ha ocurrido en Venezuela en los últimos años ha llevado a que los ojos del mundo estén sobre este país, mucho más tras los informes publicados por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien ha seguido documentando la ocurrencia de casos irregulares, el informe de la Misión de Determinación de los Hechos que denunció la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del gobierno de Nicolás Maduro y el reciente pronunciamiento de la Corte Penal Internacional (CPI).

Sin embargo, el gobierno encabezado por Nicolás Maduro ha intentado demostrar que tiene voluntad política para hacer justicia en los diferentes casos de violaciones a los derechos humanos. El Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, viajó a la sede de la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, junto a Tarek William Saab, fiscal designado por la constituyente para buscar aprobación diciendo que ya comenzaron las investigaciones en casos de violaciones de DDHH.

Durante esa reunión, la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, le reiteró al fiscal Saab, así como al defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, que los exámenes preliminares sobre Venezuela que lleva a cabo su oficina siguen en pie, y hay «motivos razonables» para creer que en el país se configuraron violaciones a los derechos humanos sancionadas por el Estatuto de Roma.

Los defensores de derechos humanos en Venezuela tienen la esperanza puesta en que se logren aplicar las recomendaciones de la Misión de Determinación de Hechos y se aplique la justicia internacional frente a las personas y los delitos de lesa humanidad que presenta el informe

En este sentido, Juan Navarrete, representante en Colombia del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, considera que tanto en las autoridades venezolanas como en las instituciones que deben velar por el respeto de los derechos humanos «falta voluntad y compromiso» en esta materia.

—¿Cómo evaluaría usted la gestión actual de la Defensoría de Pueblo?

—Lo primero que hay que valorar si uno hace una evaluación del desempeño de la Defensoría del Pueblo es que lo primero que le falta es independencia del resto de los poderes, siempre que está supeditado a la exigencia que hace el régimen.

Lo segundo es que no tiene, que también está asociado con la independencia, es imparcialidad, y no tiene un sentido de derecho de igualdad; es decir, defiende los derechos humanos de unas personas sí y de otras personas no.

En general, sobre la grave situación de derechos humanos que existe en Venezuela, que lo acaba de demostrar el último informe de la Misión de Determinación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas, que en Venezuela están ocurriendo graves violaciones de DDHH; las cuales no se investigan a tiempo, no se hacen las debidas diligencias para evitar esas violaciones de derechos humanos y, de alguna manera, se convierte en cómplice de esa práctica sistemática que se viene dando en el país, que es lo que demuestra ese último informe del Consejo de Derechos Humanos.

Creo que ese es un balance en general del tema. El Defensor del Pueblo tiene un problema de legitimidad de origen, al igual que el Fiscal General de la República, porque fue nombrado por un órgano que no es el competente constitucionalmente para hacer la designación, que es la asamblea constituyente.

—La justicia venezolana reinició el caso del capitán Acosta Arévalo y del concejal Fernando Albán, ¿cree que con estas acciones el Estado busca librarse de ser enjuiciado por crímenes de lesa humanidad, haciendo ahora que la Fiscalía actúe contra los responsables de estos casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos?

—No, porque abrir investigación no es suficiente. La investigación tiene que tener veracidad, eficacia y tiene que hacer todo lo necesario para lograr establecer la verdad de los hechos y establecer la individualización de los responsables de los mismos. Eso es un poco lo que va a supervisar ahora, la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI).

Ya superamos la etapa preliminar, donde se averiguó si efectivamente estaban ocurriendo violaciones de derechos humanos. Ahora, en esta segunda etapa, en la que está Venezuela, lo que va a supervisar la Fiscal de la CPI es si efectivamente se están haciendo las investigaciones y si se están haciendo adecuadamente para verdaderamente establecer la verdad de los hechos e individualizar a los responsables de los mismos.

Abrir la investigación no es suficiente; además, lo que están demostrando es que no cumplieron con su deber en la oportunidad que tenían que hacerlo. Lo están haciendo porque tienen la presión internacional; lo cual es inadecuado; lo que en sí mismo, no es correcto.

—Recientemente, el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, viajó con con el Fiscal designado por la constituyente, Tarek William Saab, ¿cuáles son sus consideraciones al respecto y que cree que estarían buscando allí?

—Ellos ya sabían que la decisión ya la había tomado tres o cuatro días antes la Fiscal de la Corte Penal Internacional y había elaborado el informe que señala que ya Venezuela pasó a la segunda etapa, pasó la etapa de lo que llaman ellos averiguación preliminar, que es para tratar de identificar si efectivamente hay violaciones de derechos humanos en Venezuela y que lo terminó de impulsar el informe de la Misión de Determinación de los Hechos en ese sentido.

Ellos trataron de hacer un lobby diplomático para evitar esto y para decir que sí están investigando; pero están investigando porque tuvieron la presión internacional, porque ya las instancias donde están, ya no es solamente hablar de la situación de los derechos humanos en general, que es grave, sino como lo dijo el informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos, es que estamos hablando de delitos y de crímenes de lesa humanidad, que eso es la máxima expresión de violación de derechos humanos que existe en el mundo.

En este sentido, la visita no tuvo ningún efecto y lo que están generando, a partir de la visita de ahora, demuestra un cinismo porque eso lo debieron haber hecho ya hace mucho tiempo. Debieron haber abierto las investigaciones, debieron haber establecido las responsabilidades, debieron haber tomado medidas de debida diligencia y no lo hicieron en su oportunidad, sino que lo están haciendo producto de una situación de escenario internacional que ya tiene los ojos puestos sobre un país que comete delitos de lesa humanidad.

—Para el Fiscal Tarek William Saab, ahora las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) sí cometen delitos. ¿Cree que con este cambio de postura del funcionario esté buscando que se le exima de complicidad en estos delitos de lesa humanidad en Venezuela?

—Yo creería que lo están haciendo simplemente por imagen y prestigio internacional, pero no siento que hay una verdadera voluntad ahí y un compromiso por esclarecer adecuadamente los hechos que determinan todo esto y reconocer la responsabilidad de las FAES, es que volvemos a lo mismo; es decir, no puede ser un Defensor del Pueblo que defiende los derechos humanos o un Fiscal que debe investigar para establecer responsabilidades en la medida que tenga presión internacional.

Tendrían que hacerlo porque es su obligación fundamental, porque está en el mandato de la Constitución y está en el mandato de la Ley Orgánica que rige y entonces, por lo tanto, no es que van a utilizar las investigaciones solamente cuando sientan una presión internacional. Lo tienen que hacer porque es su deber hacerlo; eso es lo que se conocer como la debida diligencia.

—¿Cree que Alfredo Ruiz ha actuado de manera adecuada para velar por la promoción, ejercicio y defensa de los derechos humanos de los venezolanos?

—Yo conozco a Alfredo Ruiz y trabajé con él en la Red de Apoyo dos años. Ahora es totalmente otra persona, es diferente, porque aquí se ha convertido, con un silencio, en cómplice de las graves violaciones de derechos humanos que han ocurrido. Con el tema de la emergencia humanitaria compleja que está viviendo Venezuela; en la cual tenemos niños que se mueren porque no tienen los tratamientos adecuados. Tenemos personas que no pueden atender la salud de pacientes crónicos, el tema de los presos políticos, torturas graves que se han dado en distintos casos de violaciones a derechos humanos, el tema de que existe una práctica de desaparición forzada de personas.

Él tiene que trabajar como defensor del pueblo en dos dimensiones: una en la investigación y la denuncia de esas violaciones a los derechos humanos y, en tercer lugar, tiene que promover políticas públicas que ayuden a prevenir y garantizar los derechos humanos en este contexto que se viene dando actualmente en Venezuela y sobre estos hechos, él no ha hecho ningún pronunciamiento. Esa es la principal labor de lo que se conoce como la figura del ombudsman, que eso es la Defensoría del Pueblo, que es una magistratura de persuasión; es la que señala las denuncias, es el que tiene que tener la capacidad de denunciar todo lo que existe y su silencio no contribuye y no es correspondiente con el mandato que tiene la Defensoría del Pueblo.

—¿Cree que tras los recientes informes de la ONU y las declaraciones de la CPI, cambie de dirección el trabajo de la Defensoría del Pueblo y se aceleren los procesos judiciales, haya menos retardo procesal y se logren avances en materia de derechos humanos?

—Es lo que debería ocurrir, pero la verdad es que yo no le tengo mucha esperanza por lo que he señalado antes. Yo no he sentido de ellos la mayor disposición, la mayor voluntad política, el mayor compromiso por defender los derechos humanos.

Creo que lo único que están haciendo es una acción cosmética para mostrarse que sí están investigando, pero la investigación no se hace cuando a ellos les parezca; la investigación se hace cuando ocurren los hechos de violación de derechos humanos.

Para la Alianza Tal Cual – Provea

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