Caracas / Foto Portada: Provea.- Ha pasado más de un año y tres meses desde que la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los DDHH, Michelle Bachelet pidió disolver la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), por ser el cuerpo responsable de miles de ejecuciones extrajudiciales. El coordinador de investigación del Programa Venezolano Educación-Acción en DDHH (Provea), Marino Alvarado explica que este cuerpo élite está tan deteriorado que no es posible reformarlo: debe ser eliminado.  La violencia de la FAES y otros cuerpos de seguridad es tan letal que para finales de 2020, al menos 3 000 personas habrán sido asesinadas, según una investigación conjunta de Provea y el Centro Gumilla.

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Según la Administración de Nicolás Maduro, en 2018 se registraron 5 287 muertes por «resistencia a la autoridad»; y entre el 1 de enero y el 19 de mayo del 2020, al menos 1 569 personas fueron asesinadas por los cuerpos de seguridad del Estado. Estas cifras fueron usadas por Bachelet para solicitar la disolución de la FAES. El 16 de septiembre, la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, coincidió con Bachelet y exigió la eliminación de las FAES, tras analizar 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales, y 2 552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5 094 muertes violentas.

En conversación telefónica con Extra Venezuela , el defensor de DD. HH. e integrante de Provea, explicó cómo operan los efectivos de las Faes y precisó que solo en el primer semestre de 2020, fueron asesinadas 1 611 personas en manos de miembros de la FAES y otros cuerpos policiales.

Según versión de Alvarado, pese al llamado de organismos internacionales y las incesantes denuncias de violación a DD. HH., los funcionarios de la FAES gozan de muchos privilegios e impunidad. No son juzgados por estos crímenes y dice que han recibido casos en los que funcionarios que deben estar encarcelados siguen participando en operativos policiales.

La CPI halló una “base razonable” para pensar que se cometieron crímenes graves en Venezuela, pero aún no abre una investigación, ¿qué hace falta para que esto pase?

La CPI basa su trabajo en distintos niveles de investigación, y desde hace dos años y medio trabaja para determinar si en el país se han cometido delitos dentro del examen preliminar. Esta primera etapa tiene cuatro fases. Ahora, acaba de culminar una fase que establece si era o no competente de acuerdo a la realidad, y está en este momento analizando si en Venezuela hay investigaciones serias para sancionar a los responsables de esos crímenes.

La CPI debe estudiar si el Estado ha hecho un esfuerzo por investigar y sancionar a quienes tienen mayor responsabilidad en cadenas de mando: ministros, generales, directores de cuerpos policiales, miembros de la Fuerza Armada que hayan podido tener responsabilidad en estos delitos. Una vez superada esta fase, vendría la última, que es donde la Corte establece si investigar un caso en Venezuela tiene motivos razonables para que sirva a la justicia penal internacional. Castigar estos crímenes de lesa humanidad sería la última fase de esta primera etapa que se conoce como examen preliminar.

¿Cuántos años lleva operando las Faes, cómo actúan estos efectivos?

La FAES fue creada en 2016, pero empezó a operar realmente en 2017. En principio, su actuación se limitó al Área Metropolitana de Caracas, pero se ha ido extendiendo progresivamente. Actualmente no cubre todo el país, no realiza operaciones en todos los estados, pero desde que surgió este componente élite de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) han actuado con mucha violencia, con una alta letalidad. Se han registrado procedimientos irregulares, allanamientos violentos en zonas humildes, zonas pobres donde no solamente detienen y asesinan horas después a los detenidos, sino que roban y destruyen los bienes de las viviendas que allanan e intimidan a familiares agrediéndolos.

Una de las particularidades de la FAES, a diferencia de los otros organismos como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que también realiza allanamientos, es que la FAES acostumbra a asesinar a las personas en las propias viviendas donde son detenidas. Las hijas, madres y esposas de estos jóvenes que en promedio tienen unos 25 años, son testigos del terror porque los hombres son asesinados y ejecutados delante de sus familiares. Ven o logran escuchar las detonaciones y esto hace más terroríficas sus actuaciones.

 ¿Cuántas víctimas ha dejado este cuerpo de exterminio hasta ahora?

Este cuerpo es parecido a la Brigada de Acciones Especiales (BAE) del Cicpc o al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la GNB, porque son cuerpos creados para operativos especiales que deben actuar solo cuando los cuerpos policiales no puedan resolver una situación por su gravedad. Pero, al final, la FAES se convirtió en un organismo para realizar operativos policiales normales bajo muchísima letalidad. La Misión de Determinación de hechos de la ONU estableció que entre el 2017 y el primer semestre de 2020, la FAES cometió 925 presuntas ejecuciones.

¿Cuál es la diferencia con la Operación de Liberación del Pueblo?

La FAES es un organismo conformado por funcionarios de la PNB, los operativos de las OLP eran operativos de inseguridad donde actuaban funcionarios policiales y militares. Las OLP realizaban operativos conjuntos y una de sus particularidades es que eran altamente violentas debido a la participación activa de miembros de la Fuerza Armada y del Ejército.

 Mientras que, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) está concebido como policía de investigación sobre temas políticos y es la que se encarga junto al Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de la persecución por motivos políticos.

¿Hay alguno que recuerde debido a su impacto?

Son muchos los casos y las denuncias que se reciben por ejecuciones judiciales, recordar en particular alguna no es fácil, todas tiene mucho impacto. Sobre todo cuando recibes a las madres que vienen a expresar lo que ocurrió. Pero, resaltaría dos casos que no tienen que ver propiamente con la FAES: la “masacre de la Cota 905”, el primer operativo de las OLP en la cual fueron asesinadas 17 personas y la “masacre de Barlovento”, que fue realizada por el Ejército en el contexto de un operativo de las OLP, en el cual fueron detenidos, desaparecidas y asesinadas 14 personas.

En el caso de la FAES ha habido también varias masacres. Vimos un caso donde tres miembros de una familia fueron asesinados en un mismo operativo. Por eso, desde Provea decimos que es una maquinaria del terror en las zonas pobres, un “escuadrón de la muerte”. Las personas saben que cuando las FAES llega a su casa habrá un asesinato porque es lo que ha dejado como experiencia la actuación de estos efectivos.

¿Cree usted que la FAES llegue a desaparecer?

Bachelet solicitó en 2019 como recomendación al Estado venezolano disolver a la FAES. La Misión de Determinación de Hechos en su informe presentado en septiembre, recomendó demoler las FAES. Que coincidan las 2 instancias de la ONU en que deban desparecer la FAES demuestra que es tal el nivel de deterioro en este organismo, que ni siquiera vale una reforma. Hay que eliminarla.

Esta es una responsabilidad principalmente de Nicolás Maduro, puede solicitarlo el fiscal general Tarek William Saab o la Defensoría del Pueblo, pero la primera acción política de disolver  a la FAES es de Nicolás Maduro.

¿A dónde van los Faes que han sido detenidos por hechos violentos como el caso de Guacamaya TV? ¿Cuánto es la pena máxima que recibe un funcionario por asesinar a un civil?

 La penas dependen del tipo de delito, porque en principio las ejecuciones son delitos de violación de DD. HH., son homicidios realizados con premeditación y alevosía como dice el Código Penal venezolano: está la intención de causar la muerte. Deberían ser penas de 18 a 20 años, pero pueden agravarse si se conectan con otros delitos. Sin embargo, en Venezuela son muy pocos los casos donde estos hechos se investigan y se sancionan, existe una altísima impunidad y esto es lo que ha permitido que la violencia se extienda y llegue a altos niveles, donde miles de personas son asesinadas por estos cuerpos.

La falta de castigo y de impunidad a quienes violentan el derecho a la vida le da luz verde para matar y nos ha llevado a la situación que tenemos hoy. Investigaciones realizadas por Provea y el Centro Gumilla establecieron que 1 611 han sido asesinados por cuerpos policiales y militares en el primer semestre de 2020, y es probable que lleguemos a  3 000 ejecuciones extrajudiciales en todo el 2020. Una cifra realmente alarmante.

Los funcionarios policiales, no solo los de la FAES, sino de cualquier cuerpo policial son detenidos en los comandos. Difícilmente se le manda a una cárcel porque siempre corren el riesgo de perder la vida y cuando se les manda están apartados.

En Caracas, donde está la sede del Cicpc en la avenida Nueva Granada, en San Agustín del Sur, está el centro de detención de funcionarios del Cicpc, a pesar de que hay otros presos como José Pinto de los Tupamaros, es allí donde son encarcelados estos funcionarios.

 Otros son privados en sus comandos. Funcionarios de la Dgcim han sido detenidos en sus propios comandos y esto le da muchos privilegios y hay encarcelamientos parciales porque gozan de mucha libertad. Hemos recibido denuncias de funcionarios con condenas establecidas que andan en la calle, se le ha visto en operaciones y hay mucho relajo porque ponen a funcionarios a resguardar a excompañeros de trabajo y esto se presta para muchas irregularidades.