El gobierno imprime velocidad a la legalización del aborto en Argentina. El proyecto de ley de aborto legal se encuentra en manos de la Cámara de Diputados. El presidente Alberto Fernández lo remitió, seguro de que recibirá aprobación. No es la primera vez que el sensible tema llega al poder legislativo. El aborto legal tuvo media sanción en Diputados en 2018, pero el Senado lo rechazó y quedó en stand by. Ahora, con el respaldo presidencial, parece que la legalización del aborto en Argentina correrá una suerte diferente.

El Político

Se trata de un proyecto propio del gobierno de Fernández para la legalización y despenalización del aborto en Argentina.

En un discurso televisado, el mandatario expuso los motivos que justifican su decisión. “Estoy convencido de que es responsabilidad del Estado cuidar la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo durante los primeros momentos de su desarrollo. La criminalización del aborto de nada ha servido. Solo ha permitido que los abortos ocurran clandestinamente en cifras preocupantes. Cada año se hospitalizan alrededor de 38.000 mujeres por abortos y desde la recuperación de la democracia murieron más de 3.000 mujeres por esa causa”, dijo Fernández.

También indicó que: “La legalización del aborto salva vidas de mujeres y preserva sus capacidades reproductivas, muchas veces afectadas por abortos inseguros. No aumenta la cantidad de abortos ni los promueve. Solo resuelve un problema que afecta a la salud pública”.

El proyecto del Ejecutivo “garantiza el derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo con el solo requerimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana 14, inclusive”.

Fuera del plazo de las 14 semanas, solo hay derecho al aborto en situaciones específicas como:

a) si el embarazo es resultado de una violación. En ese caso solo se necesita el requerimiento y la declaración jurada de la persona gestante, ante el personal de salud. En los casos de niñas menores de 13 años embarazadas por una violación, la declaración jurada no se requerirá.

b) Si está en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante, detalla el proyecto remitido por el gobierno a Diputados.

La objeción de conciencia está contemplada en el proyecto enviado por el presidente Fernández al Congreso. Especifica que los profesionales de la salud que tengan una objeción de conciencia que les impida practicar la interrupción del embarazo deben derivar a la paciente a otro profesional. Añade que deben remitirla sin dilaciones, de forma oportuna y de buena fe.

Con información de Infobae

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