Familiares de los privados de libertad que alberga el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de El Llanito temen por su vida, pues los reos no reciben atención médica desde hace mucho tiempo, incluso antes de la cuarentena obligatoria por COVID-19.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) pudo comprobar a puertas del centro policial, en conversación con los familiares, que muchos de los reclusos presentan afecciones respiratorias. “Tenemos más de ocho meses sin entrar a ver a nuestros familiares, algunos privados tienen fiebre y no ha ido a verlos un médico. Es desesperante”, relató la hermana de un preso enfermo.

Debido a la falta de asistencia, la dama comentó que han estado realizando gestiones para llevarle una enfermera que le realice algunos análisis y así determinar la afección que padece, pero esto se ha demorado porque tienen que buscar los recursos económicos que esto requiere, además de no contar con la aprobación del director de esa subdelegación, quien hasta la fecha no ha dado respuesta.

De igual manera se pudo conocer que uno de los reclusos no ha podido ingerir los alimentos que diariamente sus familiares le hacen llegar, ya que su estado de salud está tan debilitado que se le hace difícil poder alimentarse. En ese sentido, algunos familiares han intentado organizarse para llevar un médico a los calabozos, pero les ha resultado imposible.

De igual manera, los familiares expusieron las vivencias a las que han estado sometidos los reclusos, quienes han visto a sus compañeros de celda enfermarse sin saber cómo ayudarlos. “En ocho meses tenemos conocimiento de uno o dos fallecidos, pero no sabemos la causa, creemos que pudo ser tuberculosis”, denunciaron los parientes. Fiebre, tos y debilidad comprometen su calidad de vida.

En líneas generales las visitas estuvieron suspendidas durante más de ocho meses en los calabozos del CICPC El Llanito. En algunos casos hace una semana se permitió la visita, pero solo durante cinco minutos, tiempo que les bastó para comprobar la debilidad corporal y la falta de nutrición que está atentando contra el derecho a la vida de los presos.

De esta manera el Estado venezolano estaría incurriendo en el incumplimiento de las Reglas Mandela, las cuales son recomendaciones emitidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el trato digno de los reclusos.

En este punto vale recordar la regla número 24, la cual reza: “La prestación de servicios médicos a los reclusos es una responsabilidad del Estado. Los reclusos gozarán de los mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles en la comunidad exterior y tendrán acceso gratuito a los servicios de salud necesarios sin discriminación por razón de
su situación jurídica”.

Asimismo, establece que “los servicios médicos se organizarán en estrecha vinculación con la administración del servicio de salud pública general y de un modo tal que se logre la continuidad exterior del tratamiento y la atención, incluso en lo que respecta al VIH, la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas, y la drogodependencia”.

Extra Venezuela | Observatorio Venezolano de Prisiones