Las trabajadoras de cuidados, una actividad básica para el sostenimiento de la vida, salen a las calles para denunciar la precariedad de sus empleos y exigir una gestión pública de un sector en los que el lucro se ha impuesto y que está en primera línea en la pandemia.

Las trabajadoras de las residencias han estado 370 días de paros y huelgas. / Foto: J. Marcos

Las trabajadoras de las residencias de Bizkaia, en las manifestaciones de 2017. / Foto: J. Marcos

Después de la primera ola de la pandemia, en la que los cuidados se mostraron esenciales para la vida, las trabajadoras del sector “están muy quemadas y con ganas de reivindicación”, cuenta Eider Borrega, empleada ayuda a domicilio. Con el objetivo de reconocer a las trabajadoras de esta rama (ayuda al domicilio, centros de día, residencias, viviendas comunitarias, pisos tutelados y otros recursos de intervención social) y reforzar sus luchas del día a día, el sindicado ELA, con implantación en el País Vasco y Navarra y que representa al 60 por ciento o más del sector, según el territorio, ha convocado una huelga para el próximo 17 de noviembre.

“Queremos que la gestión vuelva a manos públicas”, apunta por teléfono Borrego, que trabaja para la empresa que tiene la concesión en Donostia. “Queremos contratos fijos y con jornadas laborales en condiciones”, añade la delegada sindical de ELA, tras recordar que muchas empleadas tienen contratos de 12 horas a la semana, aunque luego hagan muchas más, llegando incluso a 30.

“Durante la primera ola el trabajo se multiplicó, por no decir que se triplicó, pero no hubo aumento de personal, aunque se decía públicamente que sí. Y ahora, en la segunda, está siendo muy difícil”, anota Aitziber Aramberri, que trabaja en residencias desde hace 14 años y también está vinculada a ELA. “Tenemos más cargas porque los protocolos son muy estrictos. Antes hacíamos cuidado en grupo, pero ahora, como se confinan en sus habitaciones, no se puede. Ahora sí tenemos EPIs [Equipos de Protección Individual], que hay que ponerlos y quitarlos bien, y eso requiere su tiempo. Además de más limpieza, desinfección… Todo tiene que ser más exhaustivo y hace que haya más trabajo, por lo que al final quitas tiempo al usuario, porque estamos las mismas personas”, añade.

Puede que un día de huelga general no resuelva la crisis de los cuidados, que va más allá del mundo del trabajo formal y remunerado, pero hay que sacar el conflicto capital-vida a la calle. Esta jornada de huelga tiene que ayudar a reivindicar alto y claro que los cuidados profesionalizados tienen que ser públicos, dignos, universales y gratuitos, y que las instituciones deben asumir su parte de responsabilidad en que esto no sea así”, ha dicho ELA en una nota de prensa.

Las movilizaciones de trabajadoras de residencias han tenido mucho protagonismo, social y mediático en los últimos años en el País Vasco, sobre todo a raíz de la huelga de las empleadas de las residencias de Bizkaia, que duró 378 días en 2017. Tras el éxito de sus reivindicaciones, tomaron el relevo en Gipuzkoa: tras 244 días de huelga para lograr una renovación del convenio sectorial, la paralizaron el 13 de marzo por la pandemia. Las cajas de resistencias han sido una de las claves que explican lo prolongado de la reivindicación, aunque ya saben que el Gobierno no se quedó de brazos cruzados tras la victoria de hace tres años. La Hacienda de Bizkaia reclamó a las trabajadoras todo lo ingresado de las cajas de resistencias, algo que no se había hecho en ninguna otra huelga previa de ningún sector, como se cuenta en el libro No eran trabajadoras solo mujeres.

La Covid-19 ha sacado a la luz pública la situación en la que se encuentran las residencias, pero, como denuncia la gerontóloga feminista Mónica Ramos, no es algo nuevo. “A través de concursos públicos, la gestión se ha quedado en empresas especuladoras, fondos buitres, que lo mismo se han quedado con pisos de protección oficial que con las residencias. Y no ha habido un control por pate de la Administración Pública sobre en qué situación están las personas que viven ahí y las que trabajan. Esto lo arrastramos desde hace unas cuantas décadas. Quienes lo gestionan no piensan en el trato que se les da a las personas, sino en la rentabilidad de cada una de las plazas, y eso va en detrimento del bienestar de quienes viven y de la calidad del trabajo. La pandemia evidencia este horror”, reflexiona la experta.

El coronavirus también ha servido para demostrar que gran parte de los trabajos de cuidados están realizados por mujeres. Un reciente informe del Instituto de la Mujer, titulado ‘La perspectiva de género, esencial en la respuesta a la Covid-19’, indica que las mujeres representan el 70 por ciento del personal sanitario en todo el mundo y son mayoría en sectores del comercio de alimentación y de los servicios de limpieza hospitalaria y de residencias; que son esenciales para el mantenimiento de las poblaciones. La misma fuente recoge que en las residencias para personas mayores y dependientes trabajan 334.300 personas en el Estado español, de las que 280.400 son mujeres, es decir, el 84 por ciento del personal contratado.

Por teléfono, Borrego apunta que sí cree que se valoran ahora más los cuidados, pero está por ver, dice, si el reconocimiento se traduce en mejoras de las condiciones laborales. “Hemos pasado de invisibles a esenciales”, sentencia. Aunque tira de ejemplo para mostrar escepticismo: “Ya veremos si se nos hace caso o pasa como con los aplausos a las enfermeras”.

Diferencia de trato

“Son huelgas muy duras. Hace poco firmaron los del metal el convenio, y lo han hecho en seguida. A nosotras nos cuesta. Llevamos dos años y tenemos la sensación de que nadie nos hace caso”, lamenta Aramberri. Ante estos hechos, ELA también se ha mostrado crítico: “La Diputación de Gipuzkoa, con Markel Olano a la cabeza, es la peor patronal del territorio, la que peor trata a sus trabajadoras. Sí es posible mejorar las condiciones de trabajo en sectores industriales masculinizados (metal, construcción, artes gráficas…), pero no en residencias. Y la razón principal es la actitud de nuestra patronal, la Diputación que dirige Olano, contra un colectivo de miles de trabajadoras; por ser mujeres, considera nuestra labor de inferior valía”.

De momento, no se conocen los servicios mínimos para la huelga del día 17 pero, en la última convocatoria, una huelga del sector de residencias en Gipuzkoa el 6 de octubre de 2020, los servicios mínimos dictados por el Gobierno vasco fueron del cien por cien para las auxiliares, así que únicamente pudieron secundar la huelga las trabajadoras de cocina y lavandería. “Si ponen el cien por cien no podremos ir, pero la gente está muy caliente”, añade la trabajadora de ayuda a domicilio. Una huelga con el cien por cien de servicios mínimos confirma lo esencial de esta labor.

Estrés traumático

Entre las peticiones que se recogen de cara a la jornada de reivindicación del día 17 figura “un plan de reparación emocional para las trabajadoras que palíe, al menos en parte, las graves secuelas de la pandemia”. Aitziber Aramberri subraya que “anímicamente y emocionalmente” están “machadas”.

Un reciente estudio de la Universidad Autónoma de Madrid concluye que las trabajadoras de las residencias presentan sobrecarga y presión social derivada de su trabajo, así como un sufrimiento importante a causa del contacto con la muerte y el dolor al que han estado expuestas. La investigación, publicada en Journal of Applied Gerontology y realizada entre abril y mayo, con la participación de 228 profesionales de 42 provincias españolas, habla incluso de estrés traumático secundario. Como explica la agencia de noticias SINC, se trata de un conjunto de emociones y conductas resultado de ser testigos del trauma que ha vivido otra persona, o bien de ayudar o cuidar a una persona traumatizada. Los síntomas son parecidos a aquellos experimentados por las personas que viven el trauma en primera persona.

Ante los resultados del estudio, el equipo de investigación propone implementar programas de prevención de riesgos psicosociales laborales en el sector de las residencias de mayores.

Movilizaciones familiares

Las familias de personas residentes en centros de mayores también llevan tiempo saliendo a la calle para exigir una mejor atención en el País Vasco. La asociación Babestu nació hace unos cuatro años para apoyar las reivindicaciones de las trabajadoras de Bizkaia: la mejora de las condiciones laborales incide sin duda en mejor cuidado y acompañamiento. “El trabajo es precario. Las trabajadoras están que no dan abasto y así no se puede trabajar. Y todo es económico”, denuncia la presidenta de Babestu Bizkaia, Juani Céspedes. “Se necesita humanizar las residencias. El Gobierno vasco es el que tiene la culpa de todo, que es el que ha hecho las ratios [número de personas usuarias por cada trabajadora]”, critica.

Este colectivo, que cada vez tiene más integrantes y delegaciones territoriales, se manifestó el pasado 31 de octubre bajo el lema ‘S.O.S. Residencias. Nuestros derechos como personas mayores no caducan con la edad’. Recientemente han sumado el apoyo de los colectivos de pensionistas, también muy activos en la lucha en las calles en los últimos años.

Como contó la organización Ecuador Etxea, las organizaciones de familiares denuncian que los recortes en el presupuesto, la privatización de los servicios, la falta de personal, la precariedad de las condiciones de trabajo y el abandono de las tareas de inspección por parte de las administraciones competentes han deteriorado la calidad de los servicios. “Los afanes privatizadores y economicistas de las distintas administraciones han derivado en un modelo de negocio y lucro basado en criterios mercantiles, que busca la rentabilidad económica”, denuncian también los colectivos organizadores. Entre las críticas se incluye el trabajo de la ayuda en domicilios, en gran medida realizado por mujeres inmigrantes, sometidas a unas condiciones de trabajo inaceptables.


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