Este miércoles en el seno de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), con 21 votos a favor, cuatro en contra y nueve abstenciones, fue aprobada una resolución donde desconocen el venidero proceso electoral parlamentario e insta a la realización de elecciones presidenciales.

Bajo el nombre de «La carencia de condiciones democráticas mínimas, para garantizar elecciones libres, justas y transparentes en la República Bolivariana de Venezuela«, este documento auspiciado por los países que integran el Grupo de Lima, presenta una serie de postulados que vulneran la constitución y leyes venezolanas, así como la realidad política y social.

¿Deterioro institucional en Venezuela?

El documento aprobado en uno de los considerandos esgrime «el continuo deterioro de las condiciones políticas, sociales, económicas y humanitarias» en Venezuela, como una razón para solicitar un cambio de Gobierno, afirmación que es refutada al comparar la realidad venezolana con lo que acontece en otros países promotores de esta resolución.

Por ejemplo, en el caso de los Derechos Humanos Colombia muestra uno de los peores registros del continente con 66 masacres en lo que va de año, así como el asesinato de varias centenas de líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz solo en el 2020, como es el caso del excomandante de la guerrilla de las Farc-EP, Juan de Jesús Monroy Ayala, quien lideraba la reincorporación de 44 exguerrilleros en El Meta.

Sobre la problemática social, la punta de lanza es Chile como consecuencia del estallido social el pasado de octubre de 2019, con innumerables protestas a lo largo del país, donde la represión promovida por el Estado ha dejado al menos 34 muertos, más de 3.500 heridos, de los cuales no menos de 300 fueron víctimas de disparos de perdigones en sus ojos. Todas estas acciones de fuerte convulsión social han obligado al Gobierno a plantearse un plebiscito para modificar la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.

En torno a la inestabilidad política, Perú se apuntala como un ejemplo de inestabilidad debido a que en los últimos 20 años afronta un deterioro institucional que ha dejado un saldo de cinco presidentes o expresidentes presos o con órdenes de aprehensión, acusaciones de golpes de Estado entre el Legislativo y el Ejecutivo, a lo que se suma que recientemente su actual presidente Martín Vizcarra, quien no goza de la legitimidad del voto y está siendo investigado por corrupción afrontando la posibilidad de su destitución y su posible encarcelamiento.

¿Venezuela golpeada por la pandemia?

A esto se agrega el señalamiento del «agravamiento» de estas condiciones en Venezuela, señalando la supuesta «propagación de la pandemia del COVID-19», en el país, aseveración que es derribada por la realidad que se registra en el continente con respecto a la pandemia, donde la nación venezolana se encuentra entre los países con el menor número de contagios del continente al registrar 88.035 contagios, número que es 996% menor al número de contagios confirmados en Perú, 1.115% menor a Colombia, 6.204% menor que Brasil y 9.763% menor a Estados Unidos.

A la par de esto el territorio venezolano, se ubica con uno de los menores índices de mortalidad por covid-19, al ubicarse con 27 muertes por cada millón de habitantes, mientras que Perú registra 1.025, Colombia 577, Brasil 730 y EEUU 686.

¿Elecciones ilegítimas?

Además de estas acusaciones de deterioro en el ámbito político, social, económico y humanitario en Venezuela, el documento asegura que existe la amenaza de eliminación de la Asamblea Nacional «legítima», señalando como arma para el logro de este objetivo, las elecciones organizadas por un Consejo Nacional Electoral electo por el Tribunal Supremo de Justicia, ignorando que fue el Poder Judicial quien en 2014 eligió a los miembros del máximo organo comicial que organizó y llevó a cabo las elecciones parlamentarias de 2015 donde resultó electo el parlamento que este organismo reconoce como ´»el último espacio democrático» en el país.

Condiciona el reconocimiento de la nueva AN al «establecimiento de las condiciones necesarias de libertad, justicia, imparcialidad y transparencia, garantizando la participación de todos los actores políticos y de la ciudadanía», omitiendo que el CNE hizo modificaciones especiales para garantizar una mayor proporcionalidad del voto, así como la eliminación de exigencias y sentencias anteriores para permitir que todos los partidos opositores tuvieran la oportunidad de participar.

Como consecuencia de este proceso, en la actualidad hay 14.400 candidatos de los cuales, solo 554 pertenecen a las fuerzas políticas que apoyan al Gobierno, mientras que el resto, 13.846 son de oposición, mientras que en el caso de los partidos políticos, tiene presencia en el tarjeton electoral 107 toldas políticas, de las cuales solo nueve son parte de la coalición pro gobierno bajo el nombre de Gran Polo Patriótico Simón Bolívar.

¿Presos políticos y exiliados?

Los firmantes de esta resolución hacen «un enérgico llamado para la protección de los miembros de la Asamblea Nacional legitima» y exigen «la pronta liberación y cierre de los procesos judiciales de todos los presos políticos», petición que no toma en cuenta que pese a violentar de manera flagrante la constitución y leyes venezolanas, Juan Guaidó, goza de lplena libertad.

Asimismo silencia las recientes acciones del Gobierno venezolano en materia de indultos para favorecer a actores políticos que se econtraban autoexiliados y que se han negado a retornar y otros que purgaban condena o eran investigados por acciones violentas e ilegales como las denominadas guarimbas de 2017.

¿Trabas a la ayuda humanitaria?

El citado documento exige garantizar el «acceso pleno y sin trabas para permitir la prestación de asistencia humanitaria» en el país sin que existe el alegato sobre cuáles son las limitaciones que aseguran impone el Gobierno venezolano.

Esta acusación de «trabas» para el ingreso al país de ayuda humanitaria, se realiza pese a la existencia de evidencia pública que da cuenta del ingreso de diversos vuelos provenientes de Europa y Asia con asistencia humanitaria para enfrentar la pandemia del covid-19 y otros medicamentos y equipos para el tratamiento de enfermedades como la hipoglicemia, enfermedades renales, cáncer, VIH, las cuales no pueden ser adquiridas por el Gobierno venezolano en unos casos por el bloqueo impuesto por Estados Unidos y otros por la ausencia de financiemiento agravado por el secuestro de los activos venezolanos en el exterior valorados en miles de millones de dólares.

Para la fecha producto de convenios con la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS), con la Unión Europea (UE), La Cruz Roja Internacional y países como China y Rusia, a Venezuela han ingresado cientos de miles de toneladas .

Solo en el caso de China, han sido recibidos ocho vuelos de la nación asiática, siendo el más reciente el 29 de septiembre con la llegada de 15 toneladas de medicinas y materiales médicos para enfrentar la pandemia del covid-19.

«Venezuela está preparada para recibir la ayuda de cualquier país del mundo a través de un acuerdo humanitario no estamos jugando», ha dicho en reiteradas oportunidades el presidente Maduro al ser consultado sobre el tema.

La OEA al servicio del EEUU

Todo este compendio de acusaciones contra el Gobierno venezolano son promovidos desde este organismo al que no pertenece Venezuela desde 2018 y cuya secretaría general ha sido objeto de duras críticas por sus actuaciones injerencistas contra gobernantes no afines a los dictámenes de Washington como es el caso de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Bolivia, para lo cual ha contado con el apoyo de EEUU y sus aliados reunidos en el Grupo de Lima, países sobre los cuales no existe acusación por parte de Almagro en ningún ambito, pese a sus evidentes problemas internos.

Entre los episodios más recientes donde ha quedado al descubierto el parcializado rol de la OEA es Bolivia, donde se le acusa de haber facilitado el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales, al denunciar un supuesto fraude electoral, acusación que fue objetada por analistas y técnicos del mundo por la ausencia de pruebas, mentira que terminó de derrumbarse con el contundente triunfo del candidato Luis Arce, perteneciente al partido del expresidente de la nación del altiplano, con un índice superior al registrado en 2019, año con la misma seguridad que tilda a Maduro de dictador, Almagro dijo que «hubo fraude masivo».