A más de dos años del asesinato de Karla Romero, estudiante de la Universidad Católica del Táchira,  la familia de la joven denunció la injusticia cometida por la juez de la Circunscripción Judicial de Los Teques Johana Rivera. La juez dejó sin efecto la orden de captura que emitió la doctora Peggy Pacheco contra uno de los presuntos autores materiales del crimen.

Briggith Romero, hermana de la estudiante de la UCAT, se pronunció este viernes para informar acerca de las injusticias cometidas en el caso. Expuso que justo ayer aprehendieron a uno de los autores materiales, quien luego fue absuelto por órdenes de la juez.

“Nos enteramos que el 14 de noviembre, la doctora Johana Rivero según el oficio 1261-2019 ordenó dejar sin efecto la orden de captura que emitió la doctora Peggy Pacheco el 14 de octubre 2018. El 14 de febrero a Ledisson Becerra le notifican que le dieron sobreseimiento de la causa. Nos causa impresión el por qué a los victimario se les notificado y a nosotros como victimas no notificaron de ninguna audiencia”, expuso Romero.

Señaló que los jueces han celebrado varias audiencias clandestinas, lo que le hace suponer a la familia que el sistema judicial está corrompido.

“Queremos pedir justicia a nivel nacional e internacional y señalar a la juez Johan Rivera Sexto por ser responsable en el encubrimiento el crimen de mi hermana. Queremos decirle a ella porqué se aboca a proteger a uno delincuentes y asesinos, cuando ella es mujer y debería luchar contra el femicidio”, manifestó Briggith.

Relató que con esta medida los cercanos de Karla están sufriendo ataques de nervios y miedo porque no han querido dejar que el caso de su hermana quede impune. Es por ello que exigen protección para los familiares porque la vida de los deudos de la joven estudiante está en riesgo desde que dejaron sueltos a los presuntos homicidas.

“No entendemos cómo Maikel Moreno se pronunció el 9 de octubre, hace unos días atrás, diciendo que a las audiencias a las que los familiares de las víctimas no fueran oficiadas quedaban sin validez, es nulo. No entiendo por qué en este caso sí vale”, dijo Luz Romero, otra hermana de la víctima.

Al respecto, Walter Márquez indicó que están preparando un escrito urgente para la Misión Internacional Independiente para los Derechos Humanos, así como la solicitud de una medida cautelar de la Comisión Interamericana de la OEA para evitar que en este feminicidio sea absuelto y encubierto tanto el autor intelectual y material.

“Hay evidencias pruebas, testimonios, experticias que comprometen seriamente al autor intelectual Manuel Parra como a los intermediarios y autores materiales. Por ello un grupo de abogados estamos preparando solicitar una intervención internacional en virtud del encubrimiento de este crimen”, detalló Márquez.

Dos de los autores materiales del crimen están privados de libertad, ellos confesaron que Leddersson Becerra,  sargento  de la Guardia Nacional les contrató y les pagó una suma en pesos. El sargento fue detenido ayer, pero luego de la labor investigativa del Cicpc, este militar que tuvo el papel de presunto intermediario en el crimen, alega que fue absuelto por la juez, describió Márquez.

Al autor material del crimen Manuel Parra a pesar de tener un expediente penal le ascendieron al rango de Teniente Coronel dado a que forma parte del cordón de seguridad de Nicolás Maduro.

“Mientras más ladrón y asesino sea un funcionario más cerca está de Nicolás Maduro, porque es un gobierno que no pide currículo sino prontuario. Ahí hay responsabilidad de Maduro por encubrimiento, responsabilidad del Maikel Moreno y de las jueces de control de Caracas”, declaró.

Frente a ello piden la actuación de la Misión Interamericana de los Derechos Humanos y de Alta Comisionada para los Derechos Humano, Michelle Bachelet.

Via Diario La Nación 

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