El caso Dina ha dado un nuevo giro este miércoles: el juez Manuel García Castellón ha pedido al Tribunal Supremo que investigue al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por varios posibles delitos. En un duro escrito, el juez ha acusado a Iglesias de haber usado de forma fraudulenta la causa mediante la construcción de un relato ante la opinión pública y su electorado en el que aparecía como «víctima de un hecho que sabía inexistente» y como «víctima de una persecución política» poco antes de las elecciones de abril de 2019. Este es el último capítulo de una larga lista de polémicas en torno al caso Dina, que comenzó con el robo del móvil a la asesora y ha estado plagado de contradicciones y acusaciones cruzadas. La última decisión del juez ha llevado al líder de la oposición, Pablo Casado, a pedir al presidente del Gobierno que cese a su vicepresidente. Por su parte, Pedro Sánchez ha respaldado a Iglesias, pero el veredicto de la Sala de lo Penal del Supremo podría modificar la situación. Ahora, esta Sala debe decidir si abre o no causa contra Iglesias. De hacerlo, se desencadenaría un terremoto político. Y no únicamente por la previsible dureza de la oposición: el PSOE, socio de Gobierno de Unidas Podemos, quedaría en una posición muy comprometida tras las fricciones que ya se generaron a raíz de las críticas a Felipe VI.

Si el Supremo abre una causa contra Iglesias, su propia supervivencia política podría quedar en entredicho. En este sentido, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha publicado este miércoles un mensaje en Twitter un en el que recuerda los estatutos de Podemos. En ellos, los responsables de la formación morada dejaron negro sobre blanco que cualquier miembro imputado debería dimitir.

Ahora, el Supremo también debe resolver si se abre causa contra la vicepresidenta cuarta del Congreso, Gloria Elizo; los letrados de esta formación Marta Flor y Rául Carballedo; Dina Bouselhan y su pareja Ricardo Dasaferreira. Castellón también ha procesado al excomisario Villarejo, al exdirector de la revista Interviú, Alberto Pozas y al periodista Luis Rendueles.

El huracán político y judicial tiene su origen en noviembre de 2015, cuando Dina Bousselham, asesora de Iglesias, sufrió el robo de su teléfono móvil. Dos meses después, Antonio Asensio, presidente del Grupo Zeta, le entregó la tarjeta a Iglesias. El primer problema es que la tarjeta estaba dañada. El móvil, que contenía mensajes y datos privados, había llegado a Asensio porque alguien lo había enviado a la revista Interviú. A partir de lo extraído de la tarjeta, varios medios de comunicación elaboraron el Informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), un documento con datos falsos que pretendía manchar la imagen del líder y tumbar la popularidad de Unidas Podemos en un momento en que el partido crecía en cada encuesta.

Hasta aquí el prólogo. El caso, que cuenta con una cronología enrevesada y los sospechosos habituales, comienza en marzo de 2019, cuando Pablo Iglesias se persona como perjudicado en una nueva pieza del caso Villarejo en la que se investigaba el robo del móvil. En ese momento, las elecciones (que luego tendrán que repetirse) estaban a la vuelta de la esquina. Se hace pública la existencia de un pen-drive que contenía los archivos de la tarjeta de Bousselham y aparece en los medios la comparecencia ante el juez del líder de Podemos, Pablo Iglesias, que acepta personarse como perjudicado por ese robo, al igual que la exasesora. Ambos comparten la misma abogada de Podemos, Marta Flor Núñez.

A las puertas de la Audiencia Nacional, Iglesias, que pocos días antes había reaparecido en un mediático acto electoral tras su baja de paternidad (vuELve, ¿recuerdan?), expresó su compromiso de «limpiar nuestra democracia de basura». ‘Cloacas del estado’ ya era un sintagma popular, pero a partir de entonces se escuchará en boca de ministros. En abril,  José Luis Ábalos, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles contradicen a Iglesias, que había afirmado que «las cloacas del Estado siguen funcionando para mentir».

El excomisario Villarejo, acusado de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales. | Foto: Jorge Zapata | EFE

El abogado de Villarejo, José García Cabrera, sube la apuesta: declara que lo ocurrido con el móvil de la exasesora «es una cuestión interna y no es una operación política, como se ha publicado». Para demostrarlo, Villarejo le confiesa al juez que los datos del móvil de Dina los consiguió de manos del exdirector de Interviú Alberto Pozas, lo que le costó su imputación y su dimisión como director general de Información Nacional de Moncloa.

Pocos días más tarde, Iglesias pide la imputación del director de OK Diario por publicar pantallazos del móvil robado, que, se supone, ha filtrado Villarejo. Los medios de comunicación se hacen eco de que la Policía Nacional entró en la redacción del periódico OK Diario en busca del pendrive en el que habría una copia del móvil de la discordia.

Alberto Pozas declara como imputado y admite que él y el subdirector de Interviú le dieron a Villarejo un dispositivo con una copia de la tarjeta de memoria, que llegó a la redacción de ese semanario de forma anónima. La original se la entregaron al presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, y éste a su vez, como declaró el propio Iglesias, confirmó como testigo que se la entregó al líder de Podemos el 20 de enero de 2016. Aquí surge uno de los primeros interrogantes: ¿por qué Iglesias esperó hasta enero de 2017 para devolverle su tarjeta a Bousselham?

En este punto aparecen las contradicciones. La Fiscalía Anticorrupción y el juez señalan la incoherencia de que la tarjeta le fuera entregada a Dina meses después de recuperarla Iglesias y que estuviera dañada cuando se supone que estaba en buen estado, así que la vuelven a citar. En mayo de 2020, aún vigente el estado de alarma, Dina declara por segunda vez y explica que, cuando Iglesias le dio en junio o julio de 2016 la tarjeta del móvil, ya estaba dañada y dice que acudió a una empresa para recuperar los archivos, pero fue imposible. También dijo desconocer por qué el líder de Podemos tardó tantos meses en entregársela. Y, sobretodo, reconoció que los pantallazos del móvil publicados en OkDiario los hizo ella y que se los pudo enviar a otras personas.

Cloacas, tarjetas dañadas y contradicciones: vaivenes del rol de Pablo Iglesias en el caso Dina 2

El exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, también vinculado con Villarejo y citado por García Castellón por la pieza Kitchen. | Foto: Geert Vanden Wijngaert| EFE

Por ello, la Fiscalía y el juez concluyeron que Villarejo no tendría por qué haber sido la fuente de este medio. Ante estas contradicciones, la Fiscalía consideró que Iglesias no podía permanecer como perjudicado en la causa y propuso al juez que le retirara esa condición y citara de nuevo a Bousselham para que especificara contra quién iba a ejercer la acción penal o a quiénes, en su caso, otorgaba el perdón. Dicho y hecho: el juez le retiró la condición de perjudicado, aunque no citó a Dina.

Para el juez, el comportamiento del actual vicepresidente, ocultando durante meses a su exasesora la tarjeta que había recuperado, se manifestaba «incompatible con la dimensión» que pretende dar a ese robo de «injerencia política» y atribuible a la llamada «policía patriótica». (Flash-forward: la Audiencia Nacional le devolvería a Iglesias la condición de perjudicado el pasado 16 de septiembre.)

Bousselham, en un intento de revertir la situación, remite una carta en la que exculpa a Iglesias de los daños en la tarjeta de memoria del móvil y aporta un argumento un tanto rocambolesco: señala que, cuando él se la entregó tras recuperarla, funcionaba, porque pudo comprobar en su interior contenidos de su teléfono, pero que luego dejó de hacerlo. La justicia continúa investigando, y en junio de 2019, Iglesias y Bousselham pasan a tener dos abogados distintos a petición del juez «ante la presencia de un efectivo conflicto de intereses».

Los miembros de Unidas Podemos no han sido los únicos en salir a defender a Iglesias. Gabriel Rufián, de ERC, ha criticado precisamente la supuesta connivencia del poder judicial con el mediático que habría llevado a solicitar la imputación de Iglesias.

El fiscal y la «rumurología»

La polémica ha sido una constante en este caso y se agudizó con la publicación de un chat de abogados de Podemos en el que hablaban de una supuesta relación personal entre uno de los fiscales, Ignacio Stampa, y la abogada Marta Flor. La consecuencia inmediata fue la apertura este verano de una investigación por parte de la Fiscalía, primero en el plano disciplinario y más tarde en el ámbito penal, para dilucidar si Stampa pudo haber revelado información confidencial de la causa a la letrada.

Pero también provocó que el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, optase por sustituir a los dos fiscales del caso en un polémico interrogatorio: el de José Manuel Calvente, abogado despedido de Podemos que tiene otra causa paralela contra el partido en otro juzgado. El juez citó a Calvente y éste calificó de montaje el caso Dina. Montaje que Podemos habría urdido para, supuestamente, presentarse como víctima de una conspiración. No obstante, expresó que sus argumentos se basaban en «rumurología».

A raíz de esta declaración, el juez amplió la causa a los delitos de denuncia falsa y simulación de delito, algunos en los que el magistrado cree que Iglesias podría haber incurrido.

Lo más chocante de la decisión de García-Castellón de acusar ahora Iglesias es que contrasta con la decisión que la Audiencia Nacional tomó el mes pasado, cuando le devolvió la condición de perjudicado. La Sala de lo Penal dijo entonces que no había pruebas que sustentasen las hipótesis alternativas que planteaba el juez en torno al robo y le advirtió que no le competía investigar cuestiones ajenas a la causa, como por ejemplo si fue o no Iglesias quien dañó la tarjeta, sino que, en su caso, sería competencia de otro órgano judicial. Para Unidas Podemos, esta decisión supuso una victoria que ahora podría diluirse con la posible imputación de Iglesias.

Benito Zambrano

Editor Jefe de Extra Venezuela