Josefina Baeza, indígena warao, es un ama de casa y docente de aula, que ante las precarias condiciones por la que atravesaba, decidió migrar hacia Trinidad de manera ilegal en julio de este año.

El 26 de julio era la salida al vecino país, pero ante el riesgo que corría de ser arrestada por la seguridad costera, debió pasar parte de la noche en una comunidad de nombre Pueblo Blanco en el municipio Tucupita, donde con un poco de hambre y cansancio durmió hasta la madrugada, para luego continuar con el viaje.

“Yo estaba nerviosa porque no sabía cómo iba a llegar”, dijo Josefina.

Dos horas después ya estaba en uno de los puertos de Trinidad, donde junto a las demás personas se lanzó al agua nadando hasta llegar a tierra firme. Sin imaginarse lo que pasaría más adelante.

A las tres de la mañana, un grupo de personas desconocidas de ese país arremetieron contra ellos para llevarse sólo a las mujeres. Los hombres que se encontraban en el grupo defendieron a las mujeres con lo que podían.

“Yo estaba muy asustada, no hallaba dónde correr junto a mi sobrina, pero los muchachos nos defendieron con palos, piedras y fue que pudimos escapar”.

Una vez pasado el trance con los malhechores trinitarios, cerca de las 5 de la mañana llegó el primer carro, transporte que los trasladaría a un sitio seguro. Allí se embarcó el primer grupo y ella junto al resto quedó en la espera.

Pasada una hora más de espera por el segundo transporte, la desesperación y nerviosismo se apoderó del grupo y comenzaron a murmurar entre ellos que nadie se quería quedar, asegurando que subirían todos en el próximo vehículo.

“Yo estaba muy nerviosa porque no me quería quedar, además el contacto ya había asegurado que en el segundo lote debía de montarme y marcharme con ellos”.

En ese entonces apareció el transporte y es cuando el grupo completo decide montarse. El vehículo no podía más por la cantidad de personas, sin embargo el chofer decide enrumbar camino con todos.

“Con el vehículo full yo presentía que algo malo iba a pasar en el camino”.

No habían pasado 20 minutos de carretera cuando una camioneta de la policía trinitaria daba la orden de parada. El vehículo se detuvo y el sueño de Josefina de pasar una temporada en la Isla trinitaria se desvanecía.

“Era la policía de migración, nos arrestaron y nos llevaron detenidos hasta la sede de migración, allí nos dejaron presos”.

Luego de la detención realizaron los protocolos de sanidad, les suministraron los exámenes médicos junto a la prueba del COVID-19. Los migrantes ilegales esperaron por los resultados de los exámenes médicos. Cada semana realizaban exámenes de COVID-19.

Una vez concretada la tercera ola de pruebas COVID-19, la señora Josefina también dio positivo, entrando así en un estado de depresión y angustias que llevo a los organismos policiales trinitarios a dejarla en un contenedor con atención médica.

“A mí me dio de todo cuando me dijo eso, se me bajó la tensión, comencé a gritar, llorar y no paraba de llorar, porque además del sufrimiento en la cárcel me había salido positivo eso”.

Pasadas las dos semanas en tratamiento, fue finalmente dada de alta y enviada de nuevo donde sus compañeros, donde el sufrimiento era aún más fuerte, debido a que a la hora de sus necesidades fisiológicas debían hacerlas en un sitio al descubierto a la vista de sus compañeros de celda.

Luego de un mes con 15 días, las 90 personas que se encontraban detenidas fueron deportadas a Venezuela.

Para finales del mes de septiembre, Josefina ya estaba en un centro de aislamiento en Tucupita, Delta Amacuro, donde también sufrió días de calor, hambre y ataques de plagas.

Una semana después Josefina Baeza pudo salir del centro de aislamiento  y reencontrarse con su familia. Señaló que aunque la situación en la que se encuentra es precaria económicamente, asegura que no volverá migrar de manera ilegal por el temor de volver vivir la experiencia.

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