El abogado Yonathan Mustiola, director de la ONG Justicia Venezolana, denunció este miércoles que el retardo procesal es de hasta 750 días en juicios a presos políticos militares.

“Hoy denunciamos, con cifras en mano, el grave retardo procesal que vienen arrastrando las causas penales seguidas en contra de los presos políticos militares, lo cual ha venido denunciando nuestra organización, desde incluso antes que iniciara el confinamiento a causa del covid-19, y que hoy nos vemos obligados a recalcar ante el riesgo de contagios y muerte por coronavirus de estos uniformados”, explicó el abogado.

Mustiola subrayó que todo proceso judicial debe ser breve porque así lo establece el principio de eficacia procesal, definido en el artículo 257 de la carta magna y las leyes procesales en curso.

Añadió que el Código Orgánico Procesal Penal también estipula que los procesos judiciales deben concluir sin interrupciones en el menor número de días consecutivos posibles, lo que está siendo violado reiteradamente por los órganos de justicia del país.

“Nuestra organización registra, por ejemplo, que en el caso de los comandantes de los batallones blindados hay un retardo de más de 750 días para la apertura de juicio, y en el caso operación Vuelvan caras, más de 320 días de retardo, también para el inicio del juicio oral y público. Todo esto, a pesar de que el artículo 325 del Código Orgánico Procesal Penal señala que se debe fijar la fecha para la celebración del juicio dentro de 10 a 15 días hábiles, desde que llega el expediente al Tribunal de Juicio“, agregó.

El defensor de derechos humanos dijo que este grave retardo procesal registrado en la mayoría de las causas seguidas a los presos políticos militares no tiene su génesis en la pandemia. Sin embargo, indicó que la paralización de la justicia penal ha acrecentado esta situación que vulnera las garantías procesales de los uniformados que  permanecen tras las rejas.