En el marco de la conmemoración del Día de la Resistencia Indígena, Kapé Kapé demanda justicia para los 13 pemones que han sido víctimas de violaciones sistemáticas de sus derechos humanos y civiles durante los 10 meses que llevan detenidos por su presunta participación en el asalto al Batallón 513 de Infantería de Selva de la Gran Sabana en Bolívar.
Ocho de ellos están detenidos desde el 22 de diciembre pasado, cuando se entregaron y los restantes fueron aprendidos por los cuerpos de seguridad entre el 28 y 30 de diciembre del mismo año.
En la presentación del caso al país el Fiscal General de la República, Tarek William Saab declaró que los acusados del asalto están imputados por “conspiración para destruir la forma política republicana, terrorismo, sustracción de armas de fuego o municiones en resguardo y asociación”.
Familiares de los detenidos han denunciado que fueron golpeados, incluso frente a ellos y permanecieron incomunicados y aislados durante 50 días desde el momento de su detención.
Las violaciones a sus derechos continuaron con el atraso de sus audiencias de presentación. Ninguno de ellos fue presentado en el plazo legal de 48 horas correspondientes, irregularidad que convierte los casos en detenciones arbitrarias, según ha denunciado reiteradamente la organización Foro Penal.
El informe de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela publicado en septiembre de este año hace referencia a lo reiterativo de los casos de retardo procesal en el sistema de justicia venezolano como elemento que menoscaba la democracia y el sistema de derechos en el país.
El documento explica que “el incumplimiento de los plazos procesales establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal fue sistemático. Esas demoras dieron lugar a períodos prolongados de prisión preventiva16, de más de dos años en muchos casos. Los tribunales no respondieron a las solicitudes de hábeas corpus u otros recursos judiciales presentados por las personas detenidas, o sus abogados/as, que cuestionaban esos retrasos. Algunos individuos siguieron detenidos a pesar de haber cumplido sus sentencias. La gran mayoría de los casos que examinó la Misión permanecieron en las fases preparatoria o intermedia, a pesar de que los plazos de esas fases habían expirado en la mayoría de los casos”.
Por si fuera poco, el proceso legal atenta contra el derecho de los acusados a ser procesados por medio del sistema de justicia indígena, como lo establece la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas.
En mayo de este año los 13 pemones fueron trasladados al Internado Judicial Rodeo II sin autorización de la autoridad judicial a cargo del caso, según lo denunció en su momento Amnistía Internacional, agregando que la distancia geográfica desde su comunidad de origen hasta su centro de reclusión constituye un obstáculo para que los procesados cuenten con la asistencia material de sus familiares.
El artículo 141 de la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas establece la responsabilidad del Estado de disponer “establecimientos penales en los estados con población indígena, de espacios especiales de reclusión para los indígenas, así como del personal con conocimientos en materia indígena para su atención”, obligación evadida ampliamente por el Estado.
A los vicios legales del caso se suma que la detención de estos 13 pemones contradice la medida de protección a los indígenas de esta etnia dictada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) tras el ataque a la comunidad de Kumaracapay en la Gran Sabana en el marco de la llegada de la ayuda humanitaria que dejó como saldo final 8 muertos, decenas de heridos y centenas de indígenas desplazados hacia Brasil.

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