El presidente interino Juan Guaidó puso en marcha un organismo cuyo fin será el de “fortalecer la estrategia de protección de activos” de Venezuela en el extranjero, según datos difundidos este sábado por su equipo. El Consejo Nacional de Defensa Judicial de la República, nombre que recibe el órgano, “debe salir a defender” a Venezuela, aseguró Guaidó, reconocido como presidente interino por cerca de 50 países, al presentar la comisión, según recoge un comunicado de su despacho.

Por su parte, el abogado Enrique Sánchez Falcón, nombrado por Guaidó como procurador especial, aseguró que este consejo “acompañará y orientará las estrategias para la protección legal de estos activos”, según difundió el Centro de Comunicación Nacional (CCN) de Guaidó. Este grupo también «tendrá la responsabilidad de acompañar el proceso de aprobación de las firmas de los abogados que defenderán los activos venezolanos.

El también abogado Juan Pablo Soteldo, nombrado contralor especial por Guaidó, aseguró que el consejo “realizará un trabajo en equipo y seguirá fortaleciendo la transparencia y rendición de cuentas”.

En el caso más significativo hasta la fecha en esa tarea para que la fue creado el consejo, Guaidó y el Gobierno de Nicolás Maduro se enfrentan en un litigio legal en Reino Unido, donde un tribunal debe decidir quién tiene autoridad sobre el oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra (BoE).

Para ello, la Justicia británica deberá pedir al Gobierno del Reino Unido que aclare de forma inequívoca si reconoce al presidente Nicolás Maduro o a Guaidó como gobernante de Venezuela.

El Tribunal de Apelaciones de Londres dio esta instrucción al emitir este lunes un dictamen que anula un fallo del pasado 2 de julio de la división Comercial y de la Propiedad del Tribunal Superior, que otorgaba a la junta “ad hoc” del Banco Central de Venezuela (BCV), designada por Guaidó, control sobre las reservas.

Dicha corte rechaza que el Gobierno, que políticamente ha apoyado a Guaidó, le reconociera de forma “inequívoca” como presidente de Venezuela a todos los efectos en una declaración del 4 de febrero de 2019, como mantienen en este proceso los abogados de la junta “ad hoc” del BCV nombrada por el líder opositor.

La decisión del Guaidó llega , además , luego de que la chavista Asamblea Constituyente que erigió el régimen para quitarle poder a la Asamblea Nacional liderada por la oposición aprobarobara días atrás una polémica ley que otorga a Nicolás Maduro poderes extraordinarios para tomar decisiones en materia económica, alegando que será un instrumento para “contrarrestar” sanciones encabezadas por Estados Unidos.

La “Ley Antibloqueo”, presentada por Maduro, incluso le otorga potestad para “inaplicar” normas legales “cuya aplicación resulte imposible o contraproducente” debido a los efectos de las restricciones financieras que enfrenta el país caribeño, según su articulado. La legislación dicta, entre otras cosas, que activos expropiados por el gobierno socialista “podrán ser objeto de alianzas” con privados. Así, la dictadura “podrá modificar los mecanismos de constitución, gestión, administración y funcionamiento de empresas del Estado, públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior”.

La nueva ley, además, declara “secretos y reservados” todos los actos derivados de su aplicación, por lo que el régimen de Maduro no estaría obligado a someterse a controles. No fija mecanismos para rendición de cuentas previas, indicando que solo la Contraloría podrá tener acceso posterior a información si lo solicita.

Infobae