Luego de conocerse la militarización del municipio Guajira en el estado Zulia, se pronunció la defensora de Derechos Humanos, María Antonieta Torres, quien calificó esta decisión como una nueva «violación a los derechos del pueblo wayuu».

“La madrugada del 7 de octubre la población de Paraguaipoa en el municipio Guajira del estado Zulia vivió horas de angustia y terror, cuando la protesta pacífica que mantenían desde el día lunes 5 de octubre en la Troncal del Caribe para exigir su derecho a electricidad, agua, gas, entre otros servicios públicos; fue reprimida por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con perdigones y bombas lacrimógenas que dejó como saldo a varias personas heridas, detenciones arbitrarias, persecuciones y la misma problemática social en la que vive el pueblo wayuu”, afirmó.

Para la abogada Torres la utilización de la fuerza por parte de los cuerpos del Estado en el municipio Guajira es un “patrón sistemático”, porque en el mes de abril también fueron reprimidos los pobladores de Guarero, quienes manifestaban pacíficamente por servicios públicos y alimentos.

“Lo sucedido en Paraguaipoa continúa respondiendo a un patrón sistemático de las fuerzas de seguridad del Estado apostadas en la subregión Guajira, quienes hacen uso excesivo de la fuerza pública contra quienes salen a manifestar pacíficamente y a exigir su derecho a servicios públicos básicos como: agua, gas y electricidad. Hace tan solo un día, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fue renovado el mandato a la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos que está documentando las violaciones de Derechos Humanos cometidas por el Estado venezolano, y hoy ocurre esta arremetida contra el pueblo wayuu”, explicó.

En su pronunciamiento, la defensora de DDHH rechazó la utilización de bombas lacrimógenas y perdigones para dispersar una protesta, así como también las detenciones arbitrarias, allanamientos sin orden judicial, persecución a la población y militarización de la Guajira venezolana.

“Estas violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas militares del Estado contra el pueblo wayuu no prescriben y son responsables los funcionarios actuantes en toda su cadena de mando. Con la militarización solo buscan generar mayor control y terror en el pueblo wayuu”, sostuvo.