Los venezolanos se sientan bajo una carpa mientras esperan registrarse para obtener un permiso de trabajo de 1 año en Scarborough, Tobago. El gobierno de Trinidad y Tobago permitió que los venezolanos que han huido de la crisis del país se registren durante un período de dos semanas. Foto vía: Mimi Yagoub

Tamara Taraciuk, subdirectora interina para las Américas de Human Rights Watch (HRW), en colaboración con Amnistía Internacional, enviaron una carta al primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, para pedirle que proteja los derechos de los migrantes venezolanos que huyeron del país por la crisis generada por el régimen de Nicolás Maduro.

lapatilla.com

Lee el comunicado a continuación:

Señor Primer Ministro:

Las organizaciones firmantes, que trabajamos tanto en Trinidad y Tobago como en Venezuela, reconocemos la difícil situación en la que se encuentran todos los gobiernos para responder a la crisis de salud pública planteada por la pandemia de COVID-19. Nos dirigimos a usted, no obstante, para expresar nuestra honda preocupación por los informes sobre la expulsión, el 18 de septiembre, de 93 personas venezolanas que fueron enviadas de vuelta a la grave emergencia humanitaria y de derechos humanos de la que huyeron. La expulsión de solicitantes de asilo es contraria al principio de no devolución (non-refoulement), principio fundamental del derecho internacional.

Tal como su gobierno probablemente sabe, dos días antes de esta última expulsión, una Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela designada por la ONU encontró motivos razonables para creer que las autoridades bajo el mando de Nicolás Maduro han cometido violaciones graves de derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

El informe de la ONU, que recopila datos sobre ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura en Venezuela desde 2014, amplía las conclusiones alcanzadas por otras organizaciones de derechos humanos, incluidas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, en los últimos años. Los expertos de la ONU concluyeron que “autoridades de alto nivel […] tenían conocimiento […] y contribuyeron a la comisión de estas violaciones y crímenes”, y que “los comandantes y superiores sabían o debían saber lo sucedido […] [y] no tomaron medidas para prevenir las violaciones o para sancionarlas”. En un comunicado de prensa, la Misión pidió a las autoridades competentes de Venezuela, otros gobiernos nacionales y la Corte Penal Internacional que consideraran emprender acciones judiciales contra los responsables de las violaciones y los crímenes.

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