Organizaciones civiles denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), la vulneración de los DDHH en Venezuela, en lo que fue una audiencia celebrada este miércoles.

Marysabel Rodríguez, coordinadora del programa de Observatorio Social de la ONG Espacio Público, e investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Ucab denunció las irregularidades implementadas por el régimen de Nicolás Maduro que afecta el ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos.

Rodríguez denunció que el país ha estado cuatro años bajo «estado de excepción de forma ilegal», y la intención del régimen de celebrar unas elecciones bajo el contexto de la pandemia por coronavirus.

«El TSJ facultó al CNE para establecer medidas especiales para que rijan en las elecciones. El CNE creo varias normas «especiales», entre ellas aumentar a 110 los curules de la Asamblea Nacional, violando las directrices establecidas en la Constitución», expresó Rodríguez.

Asimismo, subrayó que en cuanto al voto indígena, el cuestionado CNE «modificó su forma de selección, estableciendo un voto indirecto». Al especificar que a estas comunidades se les quitó el derecho del voto directo, secreto, y universal.

A su vez, recordó que los diputados electos por el  estado Amazonas, en las elecciones parlamentarias de 2015, jamás ejercieron sus funciones, luego que el cuestionado TSJ lo desincorporó por un supuesto fraude.  

Derecho a la información no garantizado

 Entretanto, el director de la ONG, Espacio Público, Carlos Correa, expuso la gravedad en la que se encuentra el derecho a la información. 

«En Venezuela no hay información pública. La opacidad es la norma y la publicidad de los datos son la excepción», expresó.

Asimismo, Correa indicó que llevaron a cabo una investigación sobre la información del coronavirus en Venezuela. En la que hallaron que el 80% de la misma «era pública y tenía deficiencias en su calidad». 

«Hemos documentado más de 200 detenciones por buscar y crear bases de datos, no sólo de periodistas, también de investigadores», expresó Correa.

Además, añadió «la ley antibloqueo es una propuesta de de Nicolás Maduro presentada a la ANC. Esta norma permite limitar el acceso a la información de asuntos públicos por ser «secreta». Incluso puede afectar otras leyes e incluso la Constitución en base al secreto».

También, la directora de la ONG Ipys Venezuela, Nela Balbi, señaló que «más de 4 millones de venezolanos no cuentan con medios de comunicación locales». Situación que calificó como «vacíos informativos». 

Balbi, indicó que entre enero y abril, registraron 98 violaciones a los derechos digitales. Además que por la falta de papel, el 7% de los venezolanos se informa a través de medios impresos.

Organizaciones civiles expusieron ante la Cidh la vulneración de DDHH: Periodistas en la mira 

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) Marco Ruiz, expuso que los comunicadores sociales están en la mira de la agresiones emanadas desde la administración de Nicolás Maduro. 

«En Venezuela ejercemos el periodismo en un entorno totalmente restrictivo. En el primer semestre de 2020 hemos contabilizado más de 200 ataques contra periodistas y trabajadores de prensa, entre ellos 30 detenciones», expresó Ruiz.

Asimismo, puntualizó que  se «mantiene el patrón de amenaza y criminalización del trabajo de los periodistas tanto de funcionarios nacionales, regionales y locales».

Por estas denuncias, Ruiz pidió que mantener el seguimiento de las actuaciones del Estado; y que la comisión cumplirá con su rol, acompañando a las víctimas y fortaleciendo los principios de no repetición. 

Estos voceros de la sociedad civil fueron escuchados por los comisionados de la Cidh, quienes agradecieron la información de cara a la elaboración de un informe.  

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