El líder opositor Juan Guaidó solicitó el jueves a la comunidad internacional evaluar los mecanismos para detener los delitos de lesa humanidad en Venezuela.

Tras el informe que presentó la semana pasada una misión de expertos de las Naciones Unidas que acusó al mandatario venezolano Nicolás Maduro de crímenes de lesa humanidad, Guaidó pidió “la evaluación de mecanismos para detener tales atrocidades cometidas al pueblo de Venezuela”.

El también presidente de la Asamblea Nacional dijo en conferencia de prensa que es necesaria la evaluación de “acciones a nivel diplomático, a nivel internacional, a nivel de presión” para detener la continuidad de los crímenes contra los derechos humanos.

La declaración de Guaidó, quien ha sido reconocido como presidente interino de Venezuela por Estados Unidos y otros cincuenta países, se da un día después de una intervención que tuvo el político en el marco de la Asamblea General de la ONU en la que solicitó a la comunidad internacional considerar “escenarios” para restablecer la democracia venezolana luego del “agotamiento” de la vía diplomática con la administración Maduro.

Los expertos de la ONU indicaron en su informe, tras examinar casi 3.000 casos y más de 5.000 asesinatos, que Maduro y sus ministros de Defensa y de Relaciones Interiores, el general en jefe Vladimir Padrino López y el mayor general Néstor Reverol, respectivamente, tenían conocimiento de los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad y las agencias de inteligencia de Venezuela.

En los últimos años organizaciones humanitarias y opositoras han acusado al gobierno de Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad, pero el informe de los expertos de 411 páginas representa una de las miradas más extensas a los abusos recientes a los derechos humanos en Venezuela, basándose en entrevistas con víctimas, familiares, testigos, policías, funcionarios y jueces, además de vídeos, imágenes satelitales y contenido de redes sociales. Los autores dijeron que no recibieron respuestas del gobierno.

El informe de la misión ha sido duramente cuestionado por las autoridades venezolanas, que sostienen que el documento está plagado de “falsedades” y que fue elaborado a distancia y “sin rigor metodológico alguno por una misión fantasma dirigida contra Venezuela”.

El canciller Jorge Arreaza afirmó que, en diciembre del año pasado, el gobierno venezolano anunció que no reconocía “ningún mecanismo politizado e inquisidor, creado con fines ideológicos por países con pésimos récords en DDHH, para agredir a Venezuela y tratar de dañar la relación con la Oficina de la Alta Comisionada”.

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