@ExtraVenezuela / Aug 8, 2020 @ 3:00 pm

Tratar de sobrellevar una pandemia en las peores condiciones. Así fue el mes de julio para el personal de salud según el informe Condiciones Medio Ambiente de Trabajo Sector Salud, publicado por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) este jueves, 6 de agosto.

por Shari Avendaño | @shariavendano / Efecto Cocuyo

La ONG explica que en el mes de julio, la administración de Nicolás Maduro reportó la detección de 13.037 nuevos casos de COVID-19 en el país, pandemia que suma contagiados desde el 13 de marzo. La mayoría fue por transmisión comunitaria, lo que a juicio de la institución refleja un cambio en su manera de afectar a la población y eleva el riesgo.

De las 128 personas fallecidas hasta finales de julio según data oficial del Sistema Patria, 34 trabajaban como médicos o enfermeras, lo que equivale al 30% del total de decesos. En este contexto, una de las denuncias más recurrentes es la falta de equipos de protección para el personal de salud. Hasta este jueves, el país tiene 23.280 casos y 202 muertes por la enfermedad.

“El Estado venezolano en el actual contexto de amplia expansión del coronavirus tiene obligaciones que se desprenden tanto de convenios internacionales sobre derechos humanos, la Constitución y las leyes las cuales deben guiar en todo momento su actuación”, indica el informe.

A continuación los hechos que marcaron el mes de julio para los profesionales de la salud en Venezuela según Provea.

Salarios insuficientes
El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) indicó que para el mes de mayo de 2020, la canasta básica familiar mensual costaba 513,77 dólares. El salario de un médico apenas alcanza para cubrir 5,83% del monto total, la remuneración de un empleado da para 3,50% de la canasta, mientras que el de un obrero solo puede llegar al 0,77%. Hasta finales del mes, no se observaron iniciativas para revertir esta situación.

Sin insumos
En varias oportunidades, el personal de salud ha denunciado que no cuentan con guantes, tapabocas, detergentes y otros insumos para la atención de pacientes con COVID-19; lo que pone en riesgo sus vidas. En el Hospital Algodonal (complejo hospitalario Dr. José Ignacio Baldó) y el Hospital Central de San Cristóbal se reutilizan los insumos disponibles.

El programa de monitoreo y respuesta para COVID-19, Monitor Salud, indicó que desde el inicio de la pandemia, en siete de los 16 hospitales del Área Metropolitana de Caracas no hay guantes, en ocho no hay tapabocas, en 13 se reutilizan las mascarillas, siete no tienen suministro de agua. Ningún centro cuenta con jabón.

Sin forma de trasladarse
La escasez de gasolina dificulta que los profesionales de la salud lleguen a sus sitios de trabajo. También hace más complicado el traslado de pacientes. Una encuesta de la Comisión de Expertos de la Salud indicó que en más de la mitad de las regiones del país (56,18%) no hay combustible.

En este contexto, algunos caminan a los centros de salud o se van en bicicleta. “El personal sanitario, así como los vehículos pertenecientes a un centro de salud, gozan de prioridad para la recarga de gasolina, no obstante, en la práctica, ha resultado letra muerta”, indica el informe.

Amenazas
A las dificultades ya existentes se suman las amenazas y detenciones a las que son sometidos cuando visibilizan las irregularidades. Del 13 de marzo al 13 de mayo, los cuerpos de seguridad del Estado han detenido de forma arbitraria a 12 personas.

La primera aprehensión fue al enfermero Rubén Duarte. Fue detenido el 17 de marzo luego de que denunciara públicamente la carencia de insumos médicos y productos de limpieza para atender la emergencia por COVID-19 en el hospital central de San Cristóbal, Táchira. Instigación al odio y asociación para delinquir son los delitos más imputados durante el estado de alarma, según la base de datos que lleva la organización.

La directora de Médicos Unidos de Venezuela, Karina Suárez, señaló que los trabajadores que quieran renunciar son amedrentados, amenazas que incluyen ponerlos a la orden del Ministerio Público o solicitar a las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) que los lleven de vuelta a sus labores.

Sin acuerdos políticos
El COVID-19 no ayudó a generar acuerdos políticos para la atención de la emergencia. El pasado 1 de junio, el Ministerio de Salud y la Comisión de Expertos de la Salud de la Asamblea Nacional acordaron trabajar de manera coordinada para fortalecer la respuesta a la pandemia. Hace tres días, el líder del Parlamento, Juan Guaidó, entregó equipos de protección a médicos en Caracas, donación que fue posible gracias al apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

“Estas iniciativas son una muestra del cambio cualitativo que se pudiera dar en las condiciones de trabajo del personal de salud si se sumaran esfuerzos, se fuera constante en esa labor y se ampliaran las capacidades de gestión ante entes internacionales para obtener dotaciones apropiadas y suficientes”, dice el informa.

A juicio de Provea, el gobierno de Maduro no ha tomado ninguna iniciativa orientada a promover el diálogo social tripartito como recomendó la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo en su Informe 2019 sobre Venezuela.