VOA: analistas opinan que cese de concesiones de gasolineras afectará la calidad del servicio en Venezuela

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La suspensión de concesiones a operadores privados de estaciones de servicio en Venezuela es un ejercicio de “autoritarismo” y “deslealtad” económica de parte del Estado, según expertos, que también prevén que la calidad del servicio en ellas se desplome.

Petróleos de Venezuela, Pdvsa, comunicó el sábado pasado a decenas de encargados de gasolineras en algunas ciudades del país, como Caracas y Valencia, que tienen un plazo de 72 horas para entregar los establecimientos a la empresa estatal, según reportaron la agencia Reuters y el diario digital venezolano Tal Cual.

Crédito: Voz de América.

El lapso vence mañana martes, según la notificación entregada por escrito a los operadores. No habrá indemnización del Estado, dice el informe.

“Pdvsa Petróleo podrá rescindir el contrato en forma unilateral y en cualquier momento sin hacerse responsable por daños y perjuicios ni por ningún otro concepto”, reza la misiva.

Se conoció de avisos similares en ciudades del oriente, centro y el occidente de Venezuela. Fuentes entendidas del procedimiento comentaron a la Voz de América, bajo condición de anonimato, que la decisión responde a la presunta violación de las normas impuestas por PDVSA a los operadores privados.

La información se revela cuando los despachos de gasolina subsidiada -la importada en mayo desde Irán- se hacen intermitentes en ciudades como Maracaibo y luego de un largo período de escasez del combustible, que coincidió con la cuarentena por la pandemia.

Luis Crespo, un economista, explica que el artículo 113 de la Constitución venezolana establece que el Estado podrá otorgar concesiones “por tiempo determinado” sobre la prestación de servicios de naturaleza pública, como, en este caso, la venta de gasolina.

“Esa sección ha permitido al régimen en los últimos años utilizarla como espada en contra de los prestadores de servicio”, expone el docente en conversación con la VOA.

El desalojo de los operadores privados constituye un irrespeto al derecho laboral de quienes por años administraron esas estaciones de servicio, opina.

Si bien el cese de concesiones no califica como tal, Crespo sí lo atribuye a una política de expropiaciones y estatizaciones de empresas y servicios “de todos los niveles” durante los últimos años, que, a su juicio, se matizó en 2019 mediante lo que llama “un viraje silencioso” en lo económico de parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.

“Detrás de la decisión, hay autoritarismo, desconocimiento de los derechos económicos y una actitud desleal que genera unas condiciones poco claras para que los inversionistas puedan desarrollar su actividad”, expresa.

Lea la nota completa en Voz de América.

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